Vuelan las primeras cuotas del acuerdo UE – Mercosur

Si de vigilar el acuerdo se trata, las cuotas de miel y de carne dieron la primera lección del año: se agotan rápido, y no hay vuelta atrás una vez que se acaban.

La cuota de miel para todo el Mercosur es de 7.500 toneladas anuales, pero para este primer año (arrancó recién en mayo) el volumen efectivo es de 5.000 toneladas, repartidas en tres tramos trimestrales. El primer tramo (apenas 1.400 toneladas) se agotó en 96 horas, y más del 80% terminó en manos de exportadores argentinos, lo que generó el primer round de tensión con Uruguay y Paraguay dentro del bloque.

Con la carne pasó algo parecido, aunque con otro mecanismo: al 1° de julio, el primer tramo trimestral disponible para carne enfriada era de apenas 3.781 toneladas (ojo, esto es solo el primer tramo del año) y las solicitudes de exportación sumaron 22.725 toneladas, seis veces más. En carnes congeladas, la proporción fue similar. Resultado: se determinó la aplicación de coeficientes de asignación del 16,6%, es decir, cada exportador que presentó una solicitud recibió apenas el 16,6% de lo que había pedido, sin importar si fue el primero o el último en anotarse.

Menos organismos, misma pregunta: ¿alcanza para ordenar la trazabilidad?

El 3 de agosto el Gobierno publicó el Decreto 697/2026: disolvió el Instituto Nacional de Alimentos (INAL, hasta ahora dentro de la ANMAT) y repartió sus funciones entre dos organismos. SENASA se queda con la parte operativa (registro de productos y establecimientos, habilitaciones, inspecciones, fiscalización y sanciones); el Ministerio de Salud conserva la rectoría técnica (política sanitaria y actualización del Código Alimentario Argentino).

El cambio de fondo no es cuántos organismos hay, sino el criterio: antes INAL y SENASA se repartían por origen del producto (vegetal, animal, aceites, lácteos), lo que generaba zonas grises; ahora se dividen por función. La reforma también amplía el mecanismo de "equivalencia": los alimentos y envases importados desde países con sistemas de control reconocidos (Estados Unidos, la UE, Canadá, Australia, entre otros) entran con menos trámite.

El dato para seguir de cerca: cambió, otra vez, quién concentra el control de alimentos, justo cuando se discute la interoperabilidad de sistemas como SIGCER y TRACES: una sola ventanilla puede facilitar esa integración, o sumar una capa más de transición a un proceso que ya venía complejo.

El Mercosur rinde examen de bosques, y no a todos les va igual

Este mes te traemos un trabajo técnico de una alianza poco habitual: el BID, la FAO y el IICA juntaron a Sabine Papendieck y Pablo Elverdin para trabajar en la misma línea que venimos estudiando, pero a escala regional del Mercosur. El resultado es una nota técnica del BID que releva, país por país, quién está listo para el Reglamento europeo de deforestación (EUDR) y quién todavía no.

Si bien el trabajo ya acumuló varios meses de existencia, hay varios datos altamente relevantes y vigentes. Arranquemos por qué porcentaje de las exportaciones de cada país a la UE cae dentro de las cadenas alcanzadas por la norma (soja, carne, madera). Ahí aparece el primer dato relevante: en términos relativos, Argentina no es la más expuesta. Un 32,6% de nuestras ventas a Europa están en la mira del reglamento, pero en Paraguay ese número trepa a 76,1% y en Uruguay a 59,4%. En ingresos, seguimos siendo gigantes (Brasil y Argentina explican el grueso del comercio sojero y cárnico de la región), pero en términos de qué tan atado tiene cada país su cheque europeo a esta norma puntual, los vecinos del Mercosur la están pasando peor que nosotros.

Ahora la parte incómoda. Mientras acá seguimos discutiendo institucionalidad (quién controla qué, si es SENASA, si es el productor, si es la cadena), Uruguay ya resolvió el problema y encima gratis. El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC) lanzó en 2024 una plataforma pública que, aprovechando 20 años de inversión previa en trazabilidad (el viejo DICOSE, hoy SNIG), emite online y sin costo un Certificado de Padrón Libre de Deforestación para cualquier productor. El resultado de esa ventaja de dos décadas: en mayo de 2025 la Unión Europea categorizó a Uruguay como país de riesgo "bajo", mientras que Argentina, Brasil y Paraguay quedaron en la categoría "estándar" (Rusia, para que tengas referencia, quedó en "alto"). Traducido: a un exportador uruguayo la UE le va a pedir menos papeles que a uno argentino, por la sola razón de que el país hizo los deberes de trazabilidad antes de que se los pidieran.

La otra pata del informe es la que probablemente más te suene si venís siguiendo lo que contamos sobre Santa Fe: la definición de "bosque" no coincide entre ningún par de países de la región, y ninguno coincide tampoco con la definición FAO/EUDR (5 metros de altura, 10% de cobertura de copas). Argentina exige apenas 3 metros y 20% de cobertura; Paraguay pide más de 60 árboles por hectárea; Uruguay habla de 200 árboles por hectárea y una superficie mínima diminuta. La consecuencia práctica, que el informe subraya con todas las letras: cumplir la ley de bosques de tu propio país no te garantiza cumplir el EUDR. Es un problema estructural de toda la región, no una particularidad santafesina.

¿La recomendación de cierre del informe? Que cada país arme cuanto antes su "Informe de Riesgo País" para influir en cómo lo clasifica la UE, porque aunque la categorización no es eterna (ya hay una revisión anunciada para 2026), el que llega primero con datos propios condiciona el punto de partida. Con Uruguay ya adentro del club de riesgo bajo y el resto de la región mirando desde afuera, la pregunta que deja flotando el trabajo es bastante directa: ¿vamos a construir nuestro propio expediente, o vamos a dejar que Bruselas lo escriba por nosotros?

Mg. Ana Laura Catelén